Los intentos del Gobierno por cambiar las reglas del juego electoral

Además de insistir con la eliminación de las PASO, el oficialismo inentó varias veces realizar cambios al sistema electoral.

Faltando poco más de un mes para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), distintos emisarios del Gobierno salieron a cuestionar la instancia de las internas argumentando el “alto costo” económico de las mismas, al tiempo que le imprimían un carácter comercial a la democracia.

En este marco, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición ARI presentaron proyectos de ley durante la semana pasada, con el objetivo de suprimir las PASO. Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo de sesiones en el año electoral, es poco probable (por no decir imposible) que las iniciativas pasen por ambas cámaras y sean promulgadas antes del 11 de agosto.

El propio candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que a la ley “habría que haberla corregido con anterioridad”. “Las reglas están para cumplirse” dijo descartando las iniciativas que nacieron del seno de Alfredo Cornejo, y sumándose a las críticas de referentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil que cuestionan la medida.

El hecho de que la intención de eliminar las PASO no pase a mayores, y de que el propio oficialismo lo sepa, da lugar a la teoría que baraja buena parte del arco opositor, según la cual se trata de un discurso de campaña para el electorado que está a favor de recortar el gasto público.

Sin embargo, aunque no se materialice (al menos por ahora) la eliminación de las PASO, no se trata de la primera vez que el Gobierno intenta cambiar las reglas del juego electoral en pleno cronograma de elecciones a contramano con su discurso de defensa de las instituciones.

El primer voto

Tal vez uno de los episodios más recientes dejando de lado el intento de eliminación de las PASO, fue la llamativa omisión de los datos de cientos de miles de jóvenes de entre 16 a 18 años que votan por primera vez en las listas del padrón provisorio.

Casi medio millón de jóvenes no encontraron su nombre en el padrón a principios de mayo, y mientras los reclamos se multiplicaban en las redes sociales, dirigentes del Frente de Izquierda presentaron un recurso de amparo ante la Justicia que autorizó a que los jóvenes de todo el país puedan anotarse vía internet (el procedimiento estaba vedado para Capital Federal).

Usualmente los padrones se realizan con los datos que el Renaper le envía a la Cámara Electoral, pero según señaló la entidad, la omisión de los 400 mil jóvenes respondió a un “error informático”, aunque la oposición cuestionó el hecho argumentando que se trató de una maniobra política. Mientras tanto, no hubo referentes del Gobierno que brindaran explicaciones sobre el tema

Presos, Fuerzas de Seguridad y ciudadanos residentes en el exterior

Aprovechando la falta de agenda legislativa de enero, el Gobierno dispuso una serie de modificaciones a las reglas electorales por DNU. De esta manera, con la publicación de los decretos 45, 54 y 55 se buscó convocar a elecciones separadas para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, las personas privadas de su libertad y las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios.

En principio, la medida fue pensada para las elecciones de este año. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás luego de la protesta de gran parte de la oposición y una dura acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE), y ordenó que parte de esas modificaciones (votación anticipada de presos y Fuerzas de Seguridad) recién sean aplicables en las elecciones legislativas de 2021.

Respecto a los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, la Justicia Electoral dio luz verde al decreto del Ejecutivo para habilitar el sufragio vía postal. Se trata de una masa de 360 mil posibles votantes que podrían jugar un papel clave ante un escenario de paridad como el que se espera para octubre.

El PJ adelantó en su momento que continuará con la denuncia judicial que tramita la jueza María Romilda Servini quien antes del fallo de la Justicia Electoral había declarado la “inconstitucionalidad” de los cambios que el Gobierno incorporó a la legislación. “El Poder Ejecutivo Nacional se ha excedido en el ejercicio de sus facultades”, puntualizó entonces la jueza.

Colectoras

Otro de los movimientos del Gobierno en el tablero electoral fue el decreto 259, a través del cual prohibió las listas colectoras y las candidaturas múltiples para las elecciones. La jugada se dio en el marco del pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ante la posibilidad de que el Frente Renovador acordara llevar un candidato único a gobernador con el peronismo K, pero pagado a dos boletas presidenciales de espacios distintos.

“La proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como ‘listas colectoras’, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”, sostenía la medida publicada en el Boletín Oficial, y que tuvo como objetivo evitar la unión peronista en el principal distrito electoral del país.

Sin embargo, la herramienta ya había sido utilizada por dirigentes oficialistas antes de su prohibición. Tal es el caso de los radicales Gerardo Morales en Jujuy, Eduardo Costa en Santa Cruz o Luis Naidenoff en Formosa.

Semanas después del decreto, el Gobierno dio marcha atrás con la decisión, y el propio jefe de Gabinete Marcos Peña blanqueó la intención de ofrecerle a los candidatos de Alternativa Federal y otros espacios que no busquen la unidad, la posibilidad de llevar a Vidal como candidata para buscar la reelección al frente de la gobernación.

“Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora no nos parece una alquimia”, expuso Peña en declaraciones a la prensa. “Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad”, consideró.

Como en Venezuela

Si hay algo que el Gobierno de Mauricio Macri cuestionó siempre de Venezuela es su sistema democrático. Sin embargo, el oficialismo contrató de ese país a la empresa Smartmatic, que estará a cargo del escrutinio provisorio del resultado de las elecciones, en reemplazo de Indra, la compañía que venía haciéndolo desde 1997.

Con una oferta de u$s 17 millones Smartmatic, de origen venezolano y con sede central en Londres, ganó el llamado a licitación que se realizó en marzo desplazando a sus competidores en el escaneo y transmisión de datos de las actas de escrutinio.

Pese a que la oposición presentó un pedido de informes en el Ministerio de Interior ante la sospecha sobre la capacidad técnica de la compañía Smartmatic para la tarea, el Correo la confirmó a cargo del proceso.

Mientras tanto, durante el fin de semana se llevó a cabo el simulacro de transmisión de telegramas y escrutinio. Durante la jornada, que encabezó la Dirección Nacional Electoral, el Correo y la empresa venezolana, distintos agentes que participaron del proceso denunciaron netbooks que no funcionaron, y un sistema de transmisión que no arrancaba.

Desdoblamiento fallido

Tras las idas y vuelta durante el verano sobre la posibilidad de que las elecciones en la provincia de Buenos Aires se celebren antes que las nacionales, el Gobierno dio marcha atrás con un desenlace favorable a Mauricio Macri, y ambos procesos electorales se llevarán a cabo juntos.

Pero mientras se evaluaba la iniciativa, se llegó a conformar una comisión en el Congreso provincial que nunca se llegó a expedirse, dado que la propia María Eugenia Vidal anunció que los comicios no se desdoblarían.

La disyuntiva de desdoblar o no desdoblar mantuvo enfrentado al macrismo durante fines de 2018 y comienzos de este año. El primer grupo aglutinó al ministerio de Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros. En tanto, en la vereda de enfrente, se contó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al propio presidente, Mauricio Macri.

Ciudad modifica su propio código electoral

La iniciativa fue aprobada el año pasado en la Legislatura porteña, y prevé la posibilidad de unificar los comicios locales con los nacionales, además de la paridad de género en las listas de candidatos y los debates obligatorios.

La principal crítica de la oposición a la ley en ese entonces era que al unificar las elecciones, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta iba a poder compartir boleta Macri, y que eso podría arrastrar los votos de uno y otro candidato para favorecerlos en el resultado final.

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