Embarcación: Investigan un caso de trata con explotación laboral en una comunidad wichí

El Tribunal Federal de Salta se constituyó en Embarcación para investigar y tomar declaraciones a víctimas. Las audiencias se llevaron a cabo en el marco de un juicio unipersonal, a cargo del juez Abel Fleming.

El Tribunal Federal de Salta se constituyó en Embarcación para investigar y tomar declaraciones a víctimas de trata con explotación laboral.

En la causa hay tres acusados de recibir y retener en una finca a personas mayores y menores de edad, muchas de ellas pertenecientes a una comunidad wichí. Las víctimas vivían en condiciones precarias y de hacinamiento.

En el proceso, tres hombres están acusados de recibir en la finca Playa Grande, en Apolinario Saravia, departamento de Anta en Salta, a personas mayores y menores de edad para explotarlas laboralmente.

El predio ya había sido allanado el 7 de junio de 2014 y por entonces se constató la presencia de víctimas y también las condiciones de explotación y degradación en las que trabajaban y vivían, con catres improvisados con cajones de verduras.

La situación había sido advertida por personal de la AFIP que realizaba un relevamiento en la zona y constató que había jóvenes alojados en una pieza precaria, que manifestaron que prestaban servicios en el lugar desde el mes de mayo de 2014.

La finca pertenecía a Ivar Guerrero Ruíz, de 74 años, y en el lugar se encontraban presentes su hijo Alejandro Ricardo Guerrero, y otros dos hombres, Sergio Ortega y Agustín Flores Cazón, que manifestaron ser yernos del propietario del lugar.

Asimismo, se realizaron diferentes diligencias para determinar si existía alguna denuncia relacionada con los hechos y se comprobó que en la Comisaría 43 de Embarcación, los padres de dos adolescentes de 14 y 16 años habían denunciado que “fueron captadas”. El caso pasó a manos del Juzgado Federal de Orán.

Se determinó que las menores hacían trabajos generales del campo inherentes al cultivo de tomate, cumpliendo jornadas laborales de ocho horas, de lunes a sábados, con una remuneración de entre $ 100 y $ 120 pesos diarios.

En el marco de la investigación se determinaron varias irregularidades más y por ello la causa fue elevada a juicio y tiene a Ortega, Flores Cazón y Guerrero como imputados por el delito de trata de personas mayores para explotación laboral, triplemente agravado por la cantidad de víctimas, por haberse logrado su explotación y, en tres casos, por tratarse de víctimas menores de 18 años.

Es por esto que a instancias de la Fiscalía General N° 2, a cargo de Francisco Snopek, el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia se constituyó en la ciudad de Embarcación para tomar declaración indagatoria en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral. Se recibieron también doce testimoniales entre víctimas, familiares y vecinos del lugar, muchas de ellas pertenecientes a la comunidad wichí.

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