De un uso legítimo del derecho, a un ejercicio abusivo del mismo

Es tan injusta la conducta ilícita, como la conducta abusiva. ¿Puede alguien en ejercicio de un derecho propio, dañar o lesionar los derechos de terceros?

En el siglo XX, vieron la luz ideas solidaristas que reaccionaron contra el individualismo decimonónico, dando lugar a la doctrina del abuso del derecho, según la cual se entiende que los derechos subjetivos no son absolutos, sino que están limitados por los derechos y los justos intereses de los demás miembros de la comunidad, para de esta manera garantizar una sociedad armoniosa en donde impere el respeto, que es la idea por la cual vivimos en comunidad, esto es, respetarse, pues si respeto a los demás, me respeto a mí mismo, ya que respeto la idea de dignidad de todo ser humano.

Es conocida aquella expresión que “Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, lo que aplicado a la libertad seria; mi libertad termina donde empieza la suya”.

Parece no entender nada de esto la docente María Julia Hurtado que, en nombre de la libertad,  hizo uso abusivo de los medios de comunicación para efectuar una serie de difamaciones con un profundo espíritu antirrepublicano y absolutamente malicioso, por interés propio y en perjuicio de los derechos de otra ciudadana. Todo acto de libertad ejercido en sociedad implica necesariamente la responsabilidad de hacerlo respetando el derecho fundamental de las demás personas al honor, imagen y buena reputación.

Porque conocemos y sabemos del conflicto, no podemos ser cómplices de las falacias pregonadas en los últimos días, ya sea relatando los hechos como que no conocemos el trasfondo o callando. Porque surge evidente cuando una persona es conducida en su interior por convicciones serias y legítimas y cuando no.

No podemos ser tan pocos serios y responsables, en publicitar la falsedad y promocionar el error. Decimos esto, porque no podemos contarte que una docente denunció a otra por violencia familiar, sin decirte también que eso es una mentira, porque los involucrados no son familiares, utilizando para darle al asunto un vuelo mediático que termine por ejercer presiones sobre las autoridades que deben decidir. No podemos tampoco contarte que una docente cuestiono los títulos académicos de otra, cuando sabemos que todos y cada uno de ellos, están avalados por las entidades correspondientes.

No podemos contarte del conflicto sin decirte también que, en el fondo de la cuestión, hay una disputa por el acceso a los cargos directivos de la institución. O en realidad si podemos, pero no queremos.  Y esa es nuestra elección porque no queremos faltarte el respeto, porque no queremos mentirte, pero sobre todo porque no queremos ser cómplices de una disputa miserable de cargos, que termine por usar a profesionales docentes como un medio para ese fin nefasto.

Además, el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere la concurrencia de la veracidad de los hechos y de la información que se difunde, lo cual significa que la protección constitucional no opera cuando existe una expresión falsa.

Por todo esto, es que no vamos a contarte solo una parte de la historia, sino toda.

Diario Inclusión.

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